“El 85% de los reinsertados en el Huila provienen de las FARC”

Joshua Mitrotti es politólogo, historiador y especialista en Periodismo. A finales del año pasado emprendió su labor como nuevo director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), sucediendo a Alejandro Éder.

¿Qué es la política de reintegración?

En Colombia hay un proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Nosotros desde la agencia solo nos encargamos del componente de reintegración, que es ese donde nos conectamos con el ciudadano que quiere reintegrarse para apoyarlo en todo el esquema de generación de capacidades y habilidades. Entonces buscamos las formas de vincularlo a la educación, al campo laboral, brindarle un paquete de ayuda en el componente psicosocial y ayudarlo en todos los escenarios de reconciliación para generar garantías de no repetición. La reintegración va a diferentes componentes, qué tanto puede encontrarse esta persona con la sociedad, con la familia o qué tanto puede ejercer un trabajo. Eso es realmente la reintegración, por eso la reintegración es un modelo que no es asistencialista, que enseña a pescar pero no entrega el pez, que se basa en garrote y zanahoria; garrote para quien no está comprometido y quiere seguir en unos entornos de ilegalidad y violencia; y zanahoria y apoyo y a todo aquel que está comprometido.

Somos una entidad que se articula con otras 28 del orden nacional, en 253 municipios que cubren casi el 99% de la población nacional, bien sea porque su política de los Planes de Desarrollo lo incorporan, que son 148; o porque a medida que fueron ejecutando sus políticas detectaron que la población en proceso de reintegración estaba presente y era necesario involucrarse, generando así proyectos y políticas para incorporarlos. 

¿Cómo es la vinculación de esa persona a los diferentes ámbitos como la salud, educación o empleo?

Una de las particularidades de los actores armados es que están desprotegidos del sistema de salud. Como punto inicial nosotros los vinculamos al modelo subsidiado y a medida que va avanzando la ruta acceden al modelo contributivo. Hoy, el 46% de las personas reintegradas están en el modelo contributivo, es decir, tiene un empleo formal y cotiza todos los meses. En lo educativo, el 75% de la población que recibimos llegó como analfabeta. Hoy, el 82% de ellos han superado el analfabetismo. Tenemos 23.000 desmovilizados que han superado la básica primaria, 14.000 que hoy son bachilleres y de estos, alrededor de 2600 están cursando la educación superior. Alrededor de 500 desmovilizados hoy son profesionales. Es fundamental el trabajo con el SENA. 24.000 personas han accedido a programas de formación técnica y tecnológica. Este no es un modelo que busca que todos lleguen a ser bachilleres o universitarios, sino un modelo que se adapta a las condiciones y necesidades particulares de cada individuo

En lo laboral, todo lo que no entregamos nosotros lo hacemos con la institucionalidad pública, por eso somos el mayor laboratorio de innovación social en el estado colombiano. En formación para el trabajo también ha sido fundamental el SENA y la alianza con el sector público a través de las secretarías de educación, salud, hospitales y colegios, en donde todos los aprendizajes vuelven a otras poblaciones.

¿Cómo verifican que estas personas sean verdaderamente de las FARC, ELN o grupos paramilitares, y no una persona que quiera tener algún beneficio del Gobierno y se haga pasar por un subversivo?

Primero que todo establecer el número de personas en una organización es muy complejo porque uno tiene gente directa e indirectamente involucrada. Normalmente en las cifras se ponen las personas directamente involucradas. Yo personalmente no certifico la pertenencia de nadie a un grupo, no soy juez y parte, solo tengo la facultad de atender a las personas que vienen certificadas por la Oficina del Comisionado para la Paz, en el marco de una desmovilización colectiva. De ahí el CODA (Comité Operativo para la Dejación de las Armas), luego de entrevistas y validaciones, dice si una persona es o no es. De mil desmovilizados aproximadamente hay un 20% de rechazos, es decir, gente que trata de meterse al programa de forma ilegal. Hay quienes no pasan los filtros de inteligencia militar o de Fiscalía y ahí el CODA denuncia a esas personas por falsedad en documento público y tratar de engañar al Estado. Esos son los mecanismos que estamos haciendo para controlar y limitar. Nosotros somos muy claros desde la política de reintegración que no podemos generar incentivos perversos. Entonces el ciudadano promedio de un barrio marginal de Neiva no puede sentir que para que lo atienda el Estado tiene que meterse a un grupo armado ilegal.

Usted habla del sector público como aporte a la política de reintegración. ¿Cuál es entonces el aporte del sector privado?

En este aspecto ha habido un importante avance de socialización de la política; mis antecesores eran empresarios y su función fue traer al empresariado para que conociera esta política, para que perdiera el miedo, porque uno muchas veces se imagina tantas cosas del desmovilizado y lo que menos se imagina es que son personas que sufren, tienen dolores, tienen expectativas y sueños. Así que uno de los componentes ha sido traerlos para que conozcan la política. Hoy, tenemos vinculadas a más de 160 compañías de forma directa a la política de reintegración. Multinacionales como Coca Cola, Coltabaco, Sodexo, Éxito, fueron fundamentales para empezar esto y que ellos los conocieran. Por esto se empezaron a encadenar voluntades de diferentes sectores y empresas a lo largo y ancho del país. Hoy, 9500 desmovilizados están trabajando en el sector formal de la economía gracias a los empleos generados por esas 160 empresas, pero otras muchas que generan mucho empleo y acogen a esta población. Hoy siento que es mucho más fácil la interlocución con el sector privado para que le den oportunidades a los desmovilizados.

¿Cómo se encuentra el Huila en materia de reintegración y cómo se ubica con relación a los demás departamentos en el país?

En el Huila hay más o menos 1164 personas, el 85% viene de las FARC, siendo este el mayor porcentaje de esta zona del país. Tenemos además 149 personas que corresponden a un 13% de las AUC y el resto un 1,5% del ELN.  Ellos están repartidos en un 22% que son mujeres, eso es una novedad, aquí el peso de las mujeres es muy alto; y el resto de porcentaje es población masculina. Con relación al flujo de personas en el Huila, este ha aumentado pero se mantiene muy en el promedio. Al Huila llegan aproximadamente unas 55 o 60 personas nuevas por año, y sumadas con otras provenientes de más regiones nos da más o menos 70 personas. Por otro lado el Departamento del Huila ha tenido un incremento notable en cuanto a población desmovilizada, en el 2008 teníamos aproximadamente unas 500 personas y hoy tenemos más de 1000 personas. Este es un territorio que se ha venido poblando, muchos de los que dejan los grupos armados ilegales pueden ser de este territorio, vuelven al departamento, ciudades o municipios a reconstruir sus lazos familiares y tejer un proyecto de vida. El Huila es en esta materia es el departamento más importante de esta zona del país, incluso más que Caquetá y Putumayo. Acá si hay una dinámica de que la desmovilización está ocurriendo muy en torno a la región, y sigue siendo epicentro en el que la gente dice que se puede construir un proyecto de vida en el marco de la legalidad.

¿Cómo se prepara la ACR de cara a un posible posconflicto?

De nuevo decir que a la fecha hemos recibido a 48.000 personas en nuestro programa en estos doce años. Nos venimos preparando y siempre hemos dicho que sería un desperdicio perder esta capacidad institucional y fortalezas de la Agencia. Lo que está pasando en La Habana es un acuerdo político para pactar entre la sociedad representada por el Estado, y la organización armada, una salida política de largo plazo que permita garantías de no repetición. En ese marco el proceso de reintegración tendrá que adaptarse y eso es lo que venimos haciendo, como también explorando algunos pilotos para generar reintegrar en sitios controlados para la vocación agrícola, por ejemplo, constituir empresas agrícolas y de agroindustria para aquellas personas que dejen las armas y se reintegren. Lo más importante no es la firma, lo que va a significar una diferencia es cumplir con lo pactado. Si queremos transitar hacia el posconflicto, esto le costará a los colombianos, desde otras cosas distintas a lo económico, como el compromiso, una pedagogía para la paz y ejercicios donde los colombianos del común empecemos a transformar, porque los ciclos de violencia no desaparecerán con una simple firma. El año pasado en Colombia hubo alrededor de 14.000 muertes y solo 2000 respondieron al conflicto armado. Si los colombianos no somos conscientes de esos 12.000 que generan la falta de convivencia, tolerancia y redes de delincuencia que operan en los territorios, etc., nos vamos a frustrar y habrá otros procesos difíciles que tendremos que afrontar.